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29 Agosto 2020
Entre los personajes más interesados en presionar al gobierno de la 4T para modificar la Ley de Coordinación Fiscal y redistribuir las participaciones federales a las entidades, se encuentra el combativo gobernador de Chihuahua, Javier Corral. En múltiples ocasiones, el panista ha calificado la fórmula para repartir los impuestos como “vetusta, inequitativa e injusta”, y en el camino ha logrado sumar a sus peticiones a casi la mitad de los mandatarios del país. El reclamo se entiende en un escenario en el que la pandemia por Covid-19 dejará en la entidad chihuahuense una caída de 11.2 por ciento en el PIB, pero se observa como una medida desesperada para solventar una deuda pública que en los últimos dos años ha crecido en alrededor de 40 por ciento. En específico, Chihuahua cerró las cuentas del primer semestre de 2020 con una deuda acumulada de 42 mil millones de pesos, la cuarta más onerosa de las 32 entidades, sólo por debajo de la CDMX, el Estado de México y Nuevo León, pero con ingresos por supuesto inferiores a esos tres estados. La cifra al cierre de junio contrasta de manera importante con la que se tenía en 2018, cuando el rubro de pasivos apenas rebasaba los 30 mil millones; es decir, Corral echó mano de unos 12 mil millones de pesos en tan sólo 18 meses, una decisión que puede marcar el legado de su gestión. El incremento en la presión presupuestaria, según la Cuenta Pública, se observa en mayor medida en la denominada deuda a largo plazo; o bien, en los compromisos que el gobierno panista heredará a la administración que tomará las riendas del estado en 2021. Habrá que recordar que, por única ocasión y para empatarse con los calendarios electorales federales, el actual gobierno en el estado de Chihuahua tendrá una duración de cinco años, por lo que esta administración se encuentra prácticamente en lo que sería su recta final. Si se compara esta gestión del panista con el último año del periodo de César Duarte, los números tampoco dejan bien parado al gobierno blanquiazul porque la deuda a largo plazo del exmandatario priista apenas se incrementó en poco más de mil millones de pesos. De manera detallada, de unos 22 mil 800 millones de pesos que se tenían contratados en deuda a largo plazo para 2015, se incrementaron a 23 mil 900 millones para finalizar 2016, año en que el priismo entregó el estado al Partido Acción Nacional. Por el contrario, del cierre de 2018 a los primeros meses de 2020 la deuda contratada a largo plazo por Corral creció desde 23 mil 100 millones a 31 mil 700 millones. Nada más y nada menos que 8 mil 100 millones de pesos de carga adicional financiera para el gobierno sucesor. Con el estatus en las arcas públicas, la capacidad de maniobra del próximo gobierno será muy limitada, por lo que la más viable respuesta a los problemas financieros es precisamente incrementar los 58 mil millones de pesos que el estado recibe anualmente de la Federación. Fuente: www.elfinanciero.com.mx De: Dario Celis
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